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Esta semana la Inspección de Trabajo inicia una campaña para investigar los posibles fraudes en los contratos fijos-discontinuos, anunciada el pasado 18 de mayo por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La campaña consistirá, como en ocasiones anteriores, en el envío de cartas de advertencia a aquellas empresas en las que se haya detectado, mediante el cotejo de datos con la Tesorería de la Seguridad Social, un porcentaje de contratos temporales mayor de lo que les correspondería por su sector actividad.
En el caso de que, tras la indicada carta, la empresa mantenga tal irregularidad, la Inspección se personará en la empresa para efectuar una revisión de los contratos y comprobar cuáles de ellos deberían ser temporales y cuáles fijos discontinuos, es decir, contratos con carácter indefinido. Con esta medida, se verán afectadas principalmente las empresas que mayoritariamente están en el campo de aplicación de este tipo de contratos, esto es, las del sector consumo, servicios y turismo.
A esas empresas debemos recordarles que con la reforma laboral las sanciones se han incrementado cuantitativamente, y pueden llegar hasta los 10.000 euros en caso de incumplimiento de la normativa.
A pesar de las reservas en cuanto a la calidad del empleo que este tipo de contratación proporciona, lo cierto es que a efectos estadísticos, el uso del contrato fijo discontinuo, disminuye dramáticamente las cifras de contratación temporal, que al fin y al cabo, era lo que se buscaba con la aprobación de la reforma.
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